Gatopardismo: la Ley Telecom es inconstitucional.

por pabguillen

 

#HackeandoLaLey

Pablo Guillén

@veoteaqui

 

La palabra “gatopardo” tiene origen en una novela escrita por el italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa “El gatopardo”, donde su protagonista, el personaje Don Fabrizio Corbera, dice: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Tal aseveración se convirtió en una metáfora política para todas aquellas iniciativas que se presumen innovadoras y constructoras de nuevos paradigmas. Sobretodo útil para aquellos políticos reformistas que se jactan de ser los creadores de nuevas realidades, pero que sus iniciativas simplemente son modificaciones en la palabra que tienen los mismos resultados en los hechos.

Para algunos, las leyes secundarias en telecomunicaciones resultaron en una política “gatoparda”. Desde una perspectiva lo puede ser, pues se presumía de limitar a los agentes preponderantes como Televisa, TV Azteca o Telmex y acabar con sus monopolios en el sector de Telecomunicaciones, así como frenar su ofensiva de agentes económicos dominantes. La verdad es que no es así, pues la famosa Ley Telecom ha sido propuesta por los poderes fácticos y favorecen a éstos mismos, pues justo después de la promulgación de la ley, en un aparente acto de magia, Carlos Slim, dueño del monstruo de Telmex, logró incrementar sus ganancias en un 6% para colocarse nuevamente en la lista de los más ricos del mundo. De tal manera podemos concluir que la nueva ley en telecomunicaciones resulta gatoparda. Aún más: desde otro enfoque, si es que hay un cambio, este es negativo, pues la ley en telecomunicaciones es retroactiva, retrógrada, y lo más grave, inconstitucional.

El artículo número 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala explícitamente:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”

Resulta que en las nuevas leyes, los medios públicos pierden su libertad editorial y financiera para subordinarse a los mandatos de la Secretaría de Gobernación. A los medios sociales, radios comunitarias e indígenas sólo se les da un 10% del espectro radioeléctrico para realizar su labor informativa con finalidad social y se les niega la posibilidad de crear sus propios mecanismos de auto-financiamiento. Esto quiere decir que de acabárseles ese 10%, el Estado no garantizaría el derecho a la información de los medios sociales, radios comunitarias e indígenas, y al negárseles un mecanismo de autofinanciamiento, se les condena a la desaparición por no tener muchos medios para subsistir. Además, si el gobierno considera bajo capricho que un contenido en Internet o una radio no es apropiado, puede censurarlo, atentando nuevamente contra éste artículo constitucional.

El artículo 16 establece:

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”

La nueva ley permite que los proveedores de servicio de Internet puedan darle al gobierno los metadatos de cada individuo, por lo que el gobierno sabrá, sin orden judicial, con quien te comunicas y cuánto te comunicas en este medio. También permite la intervención de tus llamadas telefónicas, por lo que sabrá con quién hablas, de qué hablas, desde dónde hablas y cuánto hablas. Claramente esto violenta el artículo 16.

Por esto mismo, debemos todos apoyar la acción de inconstitucionalidad que se está promoviendo en estos momentos. Si bien, de ser dictaminada favorablemente por los magistrados, la acción no derogaría la ley, sí sería un amparo para su aplicación. Es decir, los mexicanos estaríamos amparados en caso de ser víctimas de este abuso gubernamental por ser una ley inconstitucional.

Hago un llamado a los lectores a actuar de manera explícita e informanda, manifestándose en las redes sociales y en la calles. Las manifestaciones generan presión, y sí esta presión es de la magnitud suficiente, podremos lograr cambios en las estructuras.

Levanta la voz ciudadano, ejerce tu derecho.

Escrito para Revolución 3.0

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